La SAS+3 tiene 2 aspectos u objetivos fundamentales, el primero dirigido a que los proyectos climáticos sean diseñados e implementados de acuerdo con el marco legal nacional e internacional vigente relacionado con los pueblos indígenas, afrohondureños y comunidades, e incluso apoyen a mejorar el respeto de sus derechos y condiciones de vida, siendo este un aspecto fundamental de la política socio-ambiental y climática hondureña. Con el objetivo de no dejar desprotegidos a otros grupos en situación de vulnerabilidad, esta SAS+ también extiende la protección de los PIAH también a otras comunidades y pequeños agricultores empobrecidos, que generalmente comparten gran parte de las necesidades y riesgos.

Para ello, esta SAS+ promueve aspectos como:

• Consentimiento libre, previo e informado (CLPI) ante programas y proyectos que puedan afectar sus derechos, recursos naturales, medios de vida tradicionales y patrimonio cultural material e inmaterial.

• Asegurar una distribución justa y equitativa de los beneficios derivados de proyectos implementados en sus territorios.

• Preservar el conocimiento tradicional de los pueblos indígenas, afrohondureños y comunidades, especialmente aquel relacionado con la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad, los usos tradicionales de los recursos naturales y la organización comunitaria.

• Poner a disposición un Mecanismo de información y atención a reclamos (MIAR) culturalmente adecuado y accesible.

• Promover y proteger la seguridad jurídica en la tenencia de tierras, restricciones al uso de la tierra y reasentamiento.

Los pueblos indígenas, afrohondureños y comunidades tienen una especial relación con el territorio y el ambiente. Sus medios y condiciones de vida en gran medida dependen de su relación con el entorno natural, tanto por necesidades materiales de subsistencia como también por su íntima conexión espiritual o cosmovisión. Esta íntima conexión con el territorio genera por un lado una marcada dependencia de estos pueblos respecto de la disponibilidad y calidad de los recursos naturales, lo que los posiciona en una situación de marcada vulnerabilidad a procesos

de sobreexplotación, apropiación y contaminación de la naturaleza, el cambio climático y otros. Por ende, la falta de consideración de esta vulnerabilidad conlleva a graves afectaciones a derechos humanos internacional y nacionalmente consagrados. Por otro lado, resguardar los territorios indígenas es a su vez una probada estrategia eficiente de conservación de la naturaleza, debido al uso sostenible que estas culturas han demostrado hacer de la naturaleza desde tiempos ancestrales.

Dada la especial relación de los PIAH con su territorio, los desarrolladores de proyectos climáticos deben asegurarse especialmente de consultarles e involucrarlos de forma temprana y adecuada, tanto para diseñar las actividades del proyecto como para identificar los riesgos, medidas de mitigación y monitoreo del mismo. De lo contrario, el proyecto podrían generar impactos negativos sobre los PIAH como:

• Alterar sus modos de vida y cultura al obstruir realizar determinadas prácticas productivas, transitar determinados caminos o acceder a determinados recursos naturales;

• Agravar su situación de inseguridad en la tenencia de tierras, al generar incentivos para que nuevos grupos se desplacen al área del proyecto;

• Generar conflictos con organizaciones por competencia en el acceso a un determinado recurso;

• Generar o agravar conflictos entre comunidades por competencia en acceder a los beneficios del proyecto;

• Implementar medidas o actividades que entran en conflicto con los intereses, cultura o necesidades de los PIAH y comunidades alcanzados.